¿«El silencio de los ídolos» o el silenciamiento de las comunidades?

Quizá sea de esta carencia de donde emanan los ruidos de resquebrajamiento de la legitimidad (o por lo menos de la respetabilidad) de la monolítica autoridad del ICANH en la actualidad que, mediante recientes decisiones como la de sacar adelante una polémica —y probablemente inconstitucional— Ley de Patrimonio Sumergido, hace caso omiso de los reiterados pronunciamientos del grueso de la comunidad académica; o al estigmatizar y calificar a la comunidad de San Agustín que se opuso al traslado de la estatuaria como una «minoría chantajista» (Sanabria 2013). Todo ello deja entrever contradicciones en su misión institucional de «aportar elementos críticos y propositivos relativos a la diversidad cultural colombiana, para orientar y gestionar políticas estatales tendientes a la protección del patrimonio y promover el diálogo intercultural» (ICANH). Cabe preguntarse para estos casos: ¿cuáles fueron los espacios de diálogo (no de monólogos institucionales) que promovió el ICANH para atender los disensos manifestados por tan diversos sectores de la sociedad en reclamo de su derecho constitucional (art. 8) de participar en la protección del patrimonio cultural de la Nación?

La actual Política Estatal en Patrimonio Arqueológico (art. 5, Decreto 833 de 2002) se enfoca en la «protección, conservación, rehabilitación, divulgación y recuperación» del aspecto tangible de un patrimonio que, además, debería trascender su materialidad hacia el reconocimiento de su dimensión patrimonial inmaterial, pues solo cobra sentido a partir de mediaciones sociales que le dotan de significación cultural. En este sentido, dicha política se queda corta ante la necesidad de integrar este patrimonio al proyecto de construcción de Nación como «testimonio de la identidad cultural», por cuanto hoy no se puede seguir hablando de una identidad en medio de un país que se auto reconoce como pluriétnico y multicultural.

Del mismo modo, el patrimonio arqueológico en Colombia parece ser un compartimento estanco dentro del sistema y política pública que guían la gestión, protección y salvaguarda del patrimonio cultural en general, y cuyo objetivo central es alcanzar su apropiación social (Ministerio de Cultura 2010, 226, 235); puestoque su particular política se enfoca en la gestión de su materialidad y no deja espacio para la participación ciudadana en aspectos esenciales como su definición (art. 3, Ley 1185 de 2008) que privilegia la valoración científica por sobre otras formas (tradicionales, alternativas o contrahegemónicas) de comprenderlo y relacionarse con él. En este sentido García Canclini afirma:

Un patrimonio reformulado que considere sus usos sociales, no desde una mera actitud defensiva, de simple rescate, sino con una visión más compleja de cómo la sociedad se apropia de su historia, puede involucrar a nuevos sectores. No tiene por qué reducirse a un asunto de los especialistas en el pasado:interesa a los funcionarios y profesionales ocupados en construir el presente, a los indígenas, los campesinos, migrantes y a todos los sectores cuya identidad suele ser trastocada por los usos hegemónicos de la cultura. (García Canclini 1999; énfasis míos)

Y el propio Ministerio de Cultura reafirma:

Es fundamental convocar la participación de las sociedades locales y regionales, de losgrupos y los colectivos, para que comprendan el patrimonio como algo que les es propio, que conforma sus memorias y constituye sus identidades. La gestión del patrimonio culturaldebe ser así asumida con la participación de los ciudadanos, y donde no sólo las entidades culturales participen. (Ministerio de Cultura 2010, 246; énfasis míos)

_{Manifestantes durante una de diversas marchas que tuvieron lugar en San Agustín durante el año 2013, en las que se exigía la repatriación de las estatuas que se encuentran en Berlín y el no traslado de otras tantas a Bogotá. Foto: Diego Fernando Muñoz, 2013.}

Más que el «silencio de los ídolos» en la sala temporal del Museo Nacional, lo acontecido en torno a esta fallida exposición deja entrever grandes vacíos y contradicciones en la gestión del Ministerio de Cultura y el ICANH, frente a su responsabilidad para con el patrimonio cultural y en particular en el cumplimiento e instrumentalización de la política que aboga por su apropiación social; pero al mismo tiempo muestra susfalencias en aspectos vitales como los derechos culturales —derivados de los derechos humanos— que le atañen a las comunidades locales frente a su patrimonio cultural:

[...] existe un conflicto potencial entre el discurso del patrimonio cultural y la protección de los derechos culturales, ya que el primero enfatiza a las prácticas culturales como patrimonio de la nación o de la humanidad, deslocalizando así el sentido de propiedad de las prácticas y transfiriendo la autoridad para la toma de decisiones en materia de cultura a los actores institucionales. Esta institucionalización de la cultura puede constituir un mecanismo que permite menoscabar el pleno ejercicio de los derechos culturales. (Villaseñor 2012; énfasis míos)

La calificación de la estatuaria agustiniana como «ídolos» y la obstinación del ICANH en trasladar y exhibir originales que por principio deberían permanecer in situ,⁴ pareciera connotar la persistencia de un tipo de sacralización fetichista que perseguiría dotar artificiosamente a estos objetos de un halo de misticismo que entroniza su aspecto material como el depositario de su valoración patrimonial. Esto último representa, en el contexto de la evolución del concepto de patrimonio cultural en el mundo, un retroceso a los tiempos de los monumentos y las reliquias. Desafortunadamente este discurso, que invisibiliza la dimensión social (humana) del patrimonio, es el que ha calado en la superficialidad e inmediatez de los medios de comunicación que han hecho eco de las reclamaciones del ICANH y del señalamiento y estigmatización del movimiento social agustinense que se opuso y abortó el traslado de la estatuaria a Bogotá.

Ante este panorama pareciera que a quienes pretendieron «silenciar» en el Museo Nacional, a través del discurso museográfico, la reiterada justificación mediática del ICANH y los sesgados eventos académicos conexos, no fue a los «ídolos» sino a las comunidades locales, primeras dolientes y custodias naturales del patrimonio que yace en sus territorios y con el cual han convivido por generaciones. Además, da la impresión de que la ausencia de las estatuas en la sala temporal no fue más que el reflejo de las históricas ausencias del Estado y su falta de iniciativa en la construcción de una política pública integral y verdaderamente participativa que tenga en cuenta y resalte el rol de la gente en la gestión de su patrimonio arqueológico, o ancestral, o sagrado, o santuarios o guacas o como tengan a bien nominarlo estas en el contexto de sus propias prácticas culturales y maneras de entender, significar, valorar y hacer uso de dichas «antigüedades indígenas», o como las define la ley: «vestigios producto de la actividad humana» (art. 3, Ley 1185 de 2008).